Opinión: Criminalización de la protesta, barricada y lucha

Por Luis M. Arancibia Fernández

La agenda de conflictividad social del gobierno transitorio ha develado la incapacidad de las autoridades para identificar y gestionar las soluciones básicas a las causas reales que dan lugar a distintas movilizaciones y protestas en el país y que el Órgano Ejecutivo intenta reducir a meras acciones de orden político, destinadas simplemente a desestabilizar la gestión de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez.

Pero lo cierto es que lejos de posibilitar un ambiente de paz relativa en el país, posterior a los sucesos de octubre y noviembre de 2019, los actuales ministros y viceministros han corrido por el camino fácil para intentar contener las movilizaciones de la población, a través del amedrentamiento, la intervención coercitiva de las fuerzas represivas y el procesamiento judicial de dirigentes y miembros de organizaciones sociales.

Producto de una mirada reduccionista de la realidad boliviana, el gobierno de facto pone en evidencia su total desconocimiento (o rechazo deliberado) de la realidad social, económica y hasta cultural del país, es así que mediante acciones directas de policías y en muchos casos militares apoyados con vehículos o aeronaves de combate, han intervenido marchas y movilizaciones, buscando únicamente arrestar personas cuya responsabilidad nunca logran determinar. A todas luces se trata del proceso de criminalización, judicialización y penalización de la protesta social.

El artículo 7 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone expresamente que la soberanía reside en el pueblo y se la ejerce de forma directa o delegada, lo que bajo ninguna circunstancia implica que esa soberanía desaparezca cuando una autoridad asume el poder, menos en las actuales circunstancias; por el contrario, la población puede recurrir a su derecho humano a la libre expresión, el derecho a la reunión y al derecho a la protesta. Todos estos derechos están directamente interrelacionados y su reconocimiento no es solo constitucional, sino también que fueron adoptados como tales en varios instrumentos de carácter internacional, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por lo tanto, su protección va más allá de la jurisdicción nacional.

No es casual que todas las actuaciones estatales, respecto de las protestas que se desarrollan estos días, terminen con personas detenidas o, al menos, con más de un dirigente sobre quien pesa una medida cautelar, al parecer la fórmula perfecta para que en la práctica los movimientos sociales sean sujetos de las acciones arbitrarias del Estado, es precisamente la connivencia de jueces y fiscales que actúan oficiosamente para dar legalidad a las acciones que, a todas luces, han sobrepasado los preceptos más elementales que sostienen el Estado de derecho. De ahí que no resulta novedoso informarse por llamados de solidaridad difundidos en redes sociales, referidos a detenciones arbitrarias en las que participan únicamente efectivos policiales, muchas veces vestidos de civiles, sin la presencia de un fiscal, sin contar con mandamiento de aprehensión alguno y haciendo uso desmedido de la fuerza.

En ese contexto, cabe preguntar cuál el rol que juegan los medios de comunicación, pues estas arbitrariedades salen a la luz gracias a la solidaridad que cunde rápidamente en las redes sociales, y no así en radioemisoras o medios televisivos, que muestran las noticias a destiempo y con un claro sesgo que no permite evidenciar los acontecimientos como vulneraciones flagrantes de los Derechos Humanos. Demás está mencionar que muchas veces y, sobre todo en estos tiempos, la prensa se convierte en un apéndice del aparato represor del estado.

Ahora bien, resulta más cuestionable aún que un gobierno que cuenta al interior de su estructura con un Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, que es parte del Ministerio de la Presidencia, a la fecha no haya dejado ver actividad alguna en ninguno de los conflictos sociales que, ni por atisbo, intentó contener el gobierno de facto. Demás está mencionar que, por mandato del Decreto Supremo de estructura organizativa del Órgano Ejecutivo, es atribución y obligación de todos los ministerios, coordinar con los movimientos sociales las políticas públicas y el control de la gestión gubernamental, hecho que resulta inviable si la única respuesta del Gobierno es la acción policial y con ella las consecuencias judiciales que pesan sobre los dirigentes y población movilizada queda en evidencia que las dinámicas de relacionamiento entre las autoridades del Órgano Ejecutivo y los movimientos sociales, se vieron mermadas al extremo de casi neutralizarse y pasar a ser parte de la gestión policial del conflicto.

Finalmente, existen aspectos que los distintos núcleos de poder estatal no consideran: las demandas sociales estructurales no están siendo atendidas y la situación de marginación, pobreza y desigualdad sigue asfixiando a la población que siente que su condición de exclusión y despojo está lejos de ser mitigada. Las tensiones entre sociedad y Estado están rebasando toda posibilidad de control, sobre todo si la respuesta es violencia institucional promovida por un gobierno ilegítimo, operada por dos instituciones duramente cuestionadas como son la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, además de un sistema judicial corrupto puesto al servicio de los poderos de turno.

* El autor es abogado defensor de los Derechos Humanos

Publicado originalmente en La Época