ONU evaluará violaciones del gobierno de Áñez contra la vida, libertad de expresión, detenciones arbitrarias y otros

(AP Photo/Natacha Pisarenko)

Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluarán las violaciones a los derechos humanos en Bolivia cometidas, desde noviembre a la fecha, por el gobierno interino de Jeanine Áñez, anunció la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derechos de Harvard.

La IHRC de la Facultad de Derecho de Harvard presentó el 19 de agosto al Sistema del Procedimiento Especial de la ONU un informe del trabajo de investigación realizado durante seis meses en Bolivia sobre las violaciones cometidas por el gobierno interino.

Las violaciones de derechos humanos generalizadas en Bolivia se han documentado desde las elecciones de octubre de 2019 a la fecha, llegando a la conclusión de que la represión continuada obstaculizará las elecciones del 18 de octubre.

“Los informes sobre violencia patrocinada por el Estado, así como ataques a la prensa, defensores de derechos humanos y opositores han contribuido a un clima de miedo y desinformación que amenaza con socavar las elecciones libres y justas en Bolivia. Solicitamos que los Relatores Especiales de las Naciones Unidas revisen la información, requieran al gobierno interino boliviano que rectifique sus abusos y garantice una elección libre y justa”, señala el pedido de la IHRC.

La demanda de Harvard a los relatores de la ONU se basa en un informe que presenta sucesos desde que Jeanine Áñez estableció el gobierno interino el 12 de noviembre de 2019.

Se detalla sobre la masacre de civiles en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) en noviembre del año pasado, los fallos por parte del gobierno de no dar inicio a cualquier investigación o castigo contra los responsables y, además, los intentos de las fuerzas estatales y paraestatales respecto a reprimir a la disidencia.

Además, propone una serie de recomendaciones para que en Bolivia se restituya el respeto a los derechos humanos y la democracia.

El informe de 114 páginas señala que tras una disputada elección el 20 de octubre de 2019, Bolivia ha experimentado un aumento en los informes de violaciones de derechos humanos.

Desde entonces, se determinó que las fuerzas estatales han usado fuerza excesiva, incluida la fuerza letal contra manifestantes en varias ocasiones. 

Dos incidentes particulares —el 15 de noviembre en Sacaba y el 19 de noviembre en Senkata— saldaron con al menos 20 personas fallecidas y cientos de heridos. Todas las víctimas de estos incidentes eran civiles indígenas en su mayoría por impacto de bala. 

“Estos incidentes son parte de un patrón que el gobierno interino de Áñez facilitó con medidas que han creado un estado general de opresión. Las fuerzas estatales han bloqueado intentos de investigar y enjuiciar los ataques de noviembre, lo que ha llevado a la impunidad de facto hasta la fecha para los responsables”, señala el documento.

Asimismo, indica que el gobierno interino también ha restringido la libertad de prensa. “Periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos han sufrido agresiones físicas y verbales, y las fuerzas estatales los han apuntado para arrestarlos por cargos cuestionables. Muchos ahora han sido detenidos durante meses sin más trámites”.

De acuerdo con el informe de Harvard, el gobierno interino y el Tribunal Supremo Electoral han pospuesto repetidamente las elecciones, incluidas las más recientes cancelando los planes para celebrar los comicios el 6 de septiembre. 

La elección programada finalmente para octubre 18, según Harvard, provocó protestas con el bloqueo de caminos por 12 días. 

En esa línea, pide a la ONU una especial vigilancia a las elecciones generales previstas para el 18 de octubre por las dudas que envuelven a ese proceso democrático, tras las constantes postergaciones.

“Los informes de violencia patrocinada por el Estado, así como ataques a la prensa, defensores de derechos humanos y opositores han contribuido a un clima de miedo y desinformación que amenaza con socavar las elecciones libres y justas”, advierte IHRC. 

En consecuencia, IHRC solicita que los Relatores Especiales de las Naciones Unidas revisen el informe que determinaron en más de seis meses y solicitan al gobierno interino boliviano que rectifique sus abusos y garantice una elección libre y justa.

A partir del trabajo de expertos del IHRC se encontró en el gobierno interino de Jeanine Áñez violencia estatal contra manifestantes; falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia; persecución contra el disenso y violencia civil y paraestatal.

Además, hizo llegar recomendaciones a los relatores especiales de la ONU para que trabajen con el gobierno interino en asegurar las obligaciones internacionales, restablecer los derechos que se les deben a sus ciudadanos y celebrar elecciones libres y justas.

En ese marco, demandan que el gobierno interino investigue las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluida la violencia contra los manifestantes, la posterior violencia y amenazas de violencia contra disidentes y detenciones arbitrarias.

También, el gobierno interino debe detener a los actores gubernamentales y civiles de intimidar a los testigos y someterlos a represalias por prestar testimonio.

Exigen que el gobierno de Áñez ponga fin a la cultura de impunidad y se comprometa con la libertad de expresión.

Piden que el gobierno interino denuncie la ilegalidad de grupos paraestatales (motoqueros, pititas, resistencia y otros), demandan su disolución y que rompa cualquier vínculo con ellos.

Igualmente, solicita a los relatores de la ONU velar porque el gobierno interino celebre elecciones libres y justas de la forma más rápida y segura posible. 

“Si bien debe ser consciente de los peligros que plantea la pandemia de COVID-19, no debe usar esos riesgos como pretexto para retrasar las elecciones”, señala la recomendación de Harvard.